Por Antonio Purroy Unanua, Ingeniero Agrónomo
La Asamblea Nacional francesa debatió el pasado 24 de noviembre una proposición de ley para la abolición de los toros en el país vecino, presentada por el diputado Aymeric Caron de la France insoumise, un partido populista y animalista de extrema izquierda. Este singular procedimiento parlamentario es un guiño a la democracia por el que, un día al mes, se ofrece a la oposición la posibilidad de presentar proposiciones de ley que se debaten y se votan por vía de urgencia; después, pasan al Senado donde quedan o no definitivamente aprobadas.
En realidad, no se llegó a debatir la proposición pues el diputado Caron la retiró ante la avalancha de enmiendas, cerca de quinientas, que fueron presentadas en su contra, por lo que protagonizó un acto de cobardía antes ser derrotado en la votación final. Hubo tiempo, no obstante, para que el gobierno francés expusiera su posición por boca de la secretaria de Estado para la Ruralidad, Dominique Faure, siendo las razones fundamentales para votar en contra el respeto a la diversidad cultural y la pérdida de riqueza ecológica y económica que supondría la prohibición de la tauromaquia para una parte importante del país. Pero, antes de despedirse de la Asamblea, Mr. Caron anunció que volverían a la carga en 2023 una vez reorganizados y con más fuerza; pocos creen que lo consigan.
No es de extrañar lo que ocurrió en la Asamblea Nacional. Francia no es un país dado a las prohibiciones de actividades que son legales y además participadas por una parte considerable de la población. Se da la circunstancia de que la tauromaquia está protegida desde 1951 -con una adenda a la ley Grammont de 1850- en aquellas regiones que demuestren tener una “tradición local ininterrumpida”; dichas regiones se encuentran en el territorio comprendido entre una línea que va desde Burdeos hasta Nîmes por el norte y la cordillera pirenaica por el sur.
Además del respeto a la libertad y a la democracia, ha habido un gran trabajo de organización de la defensa de los toros por parte de la afición francesa, que es muy disciplinada. Al frente del movimiento de defensa se han puesto los 56 alcaldes -de todos los colores políticos- de las ciudades taurinas, el Observatorio Nacional de Culturas Taurinas y la principal federación de clubs taurinos (FSTF), que defienden las tres tauromaquias existentes en el país vecino: los festejos de lidia ordinaria (corridas a la española), los festejos populares de las Landas (suroeste) y los de la Camarga (sureste). Las razones para la conservación de la tauromaquia han sido presentadas a los 577 diputados de la Asamblea, a los partidos políticos y a la opinión pública. Por lo tanto, han conseguido trasladar el debate a la sociedad civil francesa.
Los antitaurinos y animalistas esgrimieron los argumentos de siempre: el sufrimiento y la tortura animal, no salen de ahí. No quieren reconocer que la tauromaquia fue inscrita en el inventario del patrimonio cultural e inmaterial francés en 2011. Algo parecido ocurre con los antitaurinos y animalistas españoles, que también repiten los mismos mantras y se niegan a aceptar la ley 18/2013, por la que se considera la tauromaquia patrimonio cultural inmaterial español.
